El Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, ha dictado una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a mantener el programa “Volver al Trabajo”. Esta resolución surge tras un amparo colectivo presentado por trabajadores de la economía popular ante la intención oficial de dar de baja el beneficio sin ofrecer una alternativa clara.
Puntos clave de la resolución:
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Orden judicial: El Ministerio de Capital Humano debe sostener la vigencia del programa hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
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Plazo de pago: Se estableció un límite de 3 días para regularizar los pagos pendientes.
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Fundamento: El magistrado determinó que la eliminación repentina de una prestación esencial, sin un reemplazo garantizado, vulnera derechos básicos vinculados a la seguridad social y a un nivel de vida digno.
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Sanciones: El incumplimiento de esta orden facultará a la justicia a aplicar sanciones económicas contra la cartera ministerial.
Contexto de la medida
El programa “Volver al Trabajo” había sido creado por el Decreto 198/2024 como sucesor del “Potenciar Trabajo”, otorgando una asignación mensual de $78.000. La controversia se originó tras el anuncio del cierre del plan para abril de 2026, el cual proponía un sistema de vouchers para capacitación que, según los demandantes, carecía de precisiones técnicas y operativas sobre su implementación.
